María Zabay y los orígenes del nazismo

Por ejemplo, de corrupción y sobornos, de pagos indebidos con fondos públicos. De eso estuvo hecha durante mucho tiempo la política en España y ahí seguimos. Y aunque el culto al dinero sucio y a quienes lo poseen ya no crece como antaño, la persistencia de la corrupción es uno de los mayores indicadores del mal funcionamiento de la democracia: los ciudadanos no hacen nada contra ella y el voto en las elecciones no castiga a los corruptos, bajo el supuesto de que todos los partidos políticos están, o parecen estar, implicados en el mismo sistema de chanchullos. La transparencia y la responsabilidad política han quedado fuera del debate. La corrupción daña la democracia, aunque da lo mismo y quienes resisten se dan cuenta de que su voto resulta ineficaz, vano.

Porque la democracia no se consigue solo a través de elecciones, debe construirse desde dentro de la sociedad, en un proceso que requiere tiempo y educación, pero uno de los principios para valorar su calidad y fortaleza es el control popular sobre quienes toman decisiones y la igualdad política de quienes tienen que ejercer ese control. Con la representación que proporciona el sistema electoral que rige actualmente en España, los ciudadanos no son tratados igual y lo más preocupante es la nula disposición de los dos partidos mayoritarios que se suceden en el Gobierno para abrir el proceso político a esa necesaria reforma. No se trata solo de otorgar el mismo valor a todos los votos, sino de limitar el monopolio sobre las decisiones políticas que sale de ese injusto sistema de representación.

La crisis, los requerimientos electorales y el miedo a que la jerarquía eclesiástica católica y la derecha política-ultraderecha mediática mostraran su rechazo frontal, aparcó el proyecto de Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero había prometido llevar al Parlamento, debatir y trasladar el debate a la sociedad. Si uno de los fines de la democracia es la igualdad de derechos de los ciudadanos, no parece una cuestión carente de significado reconocer los de las confesiones minoritarias, la neutralidad de los poderes públicos, la retirada de los símbolos religiosos de los lugares públicos y revisar los privilegios que en materia educativa y fiscal tiene la Iglesia católica. Eso es anticlericalismo y abrir frentes innecesarios, dirán algunos, pero la democracia se mide también por la capacidad del Estado para garantizar con leyes la igualdad de derechos políticos, económicos, sociales y civiles.

Cuando el ladrillo mandaba y éramos ricos, la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generó el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien a fincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación. Eso de recordar ese pasado traumático para aprender, con exposiciones, museos y proyectos de investigación, promovidos por instituciones públicas, ya se ha acabado, que no hay dinero, y las familias que buscan y quieren recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, que esperen, que comprendan que no es el momento.

No sabemos todavía si de la crisis económica saldremos reforzados, como dicen algunos, con otro modelo de crecimiento, pero lo que parece claro es que en materia de derechos, representación, control popular y solidaridad con aquellos que fuera de nuestras fronteras luchan por la democracia, estamos atascados, sin respuesta ciudadana. Necesitamos que los políticos nos sirvan, no que sean nuestros amos, distantes e imposibles de controlar.

Cuando murió Franco, hace ya 36 años, España estaba en crisis profunda, sembrada de conflictos, de obstáculos desde arriba y movilizaciones desde abajo, con ilusiones y esperanzas para caminar hacia la libertad y la democracia, pero también con ambigüedades e incertidumbres. Sin guión escrito, ni camino fijado de antemano, construimos, en medio de graves problemas como la involución militar o el terrorismo, una democracia parlamentaria con un amplio catálogo de derechos y libertades. Para consolidar todo eso, y avanzar en vez de retroceder, necesitamos abrir un debate público sobre la participación ciudadana, la representatividad y transparencia de nuestras instituciones y la responsabilidad de los políticos. No debemos dar la espalda a esos temas, que son la garantía de un sociedad civil democrática y que crean ciudadanos activos y no sumisos al poder. Ni la economía ni el nuevo Gobierno nos van a ayudar.